El día 1 de agosto se confirmó la imposición de la sanción por parte de la Autoritat Catalana de la Competència de 122.910 euros por boicotear a Uber. Concretamente, nos achacan acciones de boicot que suponen una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.
Es conocido que Elite Taxi considera que Uber incumple la ley desde su entrada en Barcelona en 2014, y que por ello nunca ha dejado de denunciar a Uber en sus distintos intentos de competir con y en el sector del taxi. También es conocido que el Tribunal de Justicia de la UE nos dio la razón en 2017 afirmando que Uber hacía competencia desleal al taxi a través del intrusismo con la supuesta economía colaborativa; así como que los Uber Files demostraron que la estrategia de Uber es la de infringir los reglamentos y normativas en las distintas jurisdicciones donde actúa, como se refleja en los emails filtrados que afirman que “[son] jodidamente ilegales”.
Además, es también público y notorio que Uber ejerce de lobby junto a Free Now y Bolt en la UE para liberalizar el taxi. Las grandes empresas gastan 1.800 millones de dólares anuales para influir en las instituciones de la UE. Recordemos que Uber contrató a la Comisaria de Competencia de la UE, Neelie Kroes, después de que esta dejara su cargo antes del periodo prudencial establecido legalmente, lo cual evidenció las prácticas corruptas de puertas giratorias de la empresa para dominar las instituciones.
Es decir, Uber incumple leyes y ejerce presión para que estas se interpreten y/o se cambien en su favor en Europa, en perjuicio de aquellos que son taxistas en estos momentos. Uber y sus cómplices solicitan que se aumenten el número de licencias de taxi, que se liberalicen los precios, que se permita a los VTC captar pasaje en la calle, no tener obligación de vuelta al garaje, eliminar el tiempo de precontratación; en definitiva, que el modelo de taxi actual, basado en una fuerte regulación por ser el taxi considerado servicio de interés público por responder a razones de imperioso interés general, desaparezca. El objetivo final de Uber es, primero, homogenizar el taxi con los VTC, y segundo, liberalizar totalmente el servicio y que cualquier ciudadano pueda realizar actividades de transporte de viajeros sin ser profesional ni contar con ningún tipo de habilitación administrativa.
Este contexto es necesario para entender que Uber y sus socios han operado como un cártel para modificar leyes, infringir las vigentes, influir en la opinión pública, realizado estrategias de precios predatorios para coger cuota de mercado, y un largo etcétera sin que las autoridades de la competencia hayan intervenido a pesar de nuestras denuncias. Estas prácticas son consideradas por la ACCO en favor del consumidor, a pesar de pretender desmantelar la clasificación de interés público que permite defender al consumidor con obligaciones de servicio, requerimientos de calidad y seguridad, establecimiento de tarifas, etc. Es sabido que la siniestralidad y los casos de agresiones sexuales y de otro tipo son muy superiores en el modelo de plataforma.
Elite Taxi junto a las distintas asociaciones representativas del sector en Catalunya, han conseguido, en contra del criterio de la ACCO, que las administraciones no renuncien al modelo actual y sigan regulando paulatinamente para rellenar los vacíos interpretativos a los que se agarra esta empresa para incumplir la ley. En paralelo a su ejercicio de reclamación de derechos y propuesta de mejora de la legislación ante las administraciones, Elite Taxi ha hecho un ejercicio claro e inequívoco de pedagogía dentro del sector del taxi, explicando a los taxistas que Uber y su modelo son un peligro para el sector. Aprovechando este hecho, y apoyándose en la confianza de su influencia en las instituciones, Uber denunció a la Elite Taxi por boicot ante la ACCO.
Como se ha explicado, finalmente, la ACCO ha impuesto una sanción de 122.910 euros a Elite, lo que supone más de tres años de ingresos de la asociación, lo cual equivale a descabezarla de facto. Cabe recordar que, Uber, sin presencia previa en el mercado del taxi, ha crecido en cuota de mercado y actúa dentro del mercado barcelonés sin impedimentos durante el supuesto boicot. Es decir, no se condena a Elite por hacer perder cuota de mercado a Uber, dado que Uber ha ganado cuota de mercado, sino porque su crecimiento no ha sido suficientemente fuerte según los criterios de la ACCO, que no se sabe cuáles son.
Es decir, no existen pruebas científicas de que Elite haya influido en la actividad de Uber, dado que Uber no ha dejado de crecer durante el supuesto boicot.
Recapitulando, tenemos una gran empresa multinacional, que, coordinada con otras grandes empresas, realizan competencia desleal e influyen en las instituciones para apoderarse de la actividad protegida por ser de interés general que realizan autónomos a través de títulos habilitantes otorgados por concesión administrativa y adquiridos con un coste elevado.
Estos autónomos, desprotegidos por la administración, protestan y resisten estas prácticas por su propia cuenta organizándose. Las administraciones no ven nada ilegal en las prácticas que la misma Uber considera ‘jodidamente ilegales’, pero en cambio, consideran que los autónomos organizados para defenderse en asociaciones sin ánimo de lucro ni actividad empresarial con 300 o 400 socios autónomos y trabajadores en un mercado de 10.500 licencias es un cártel que boicotea a una gran multinacional valorada en bolsa en 96.510 millones de dólares.
Por esta razón, consideramos que la ACCO está sencillamente actuando como un tribunal político, al estilo del Tribunal del Pueblo del régimen nazi, que montaba farsas en las que las sentencias se conocían de antemano. En la actualidad, la ACCO actúa en favor del gran capital para destruirnos por ejercer nuestros derechos fundamentales: la libertad de expresión y de asociación.
Esto sucede en Catalunya, país que desde 2017 reclama soberanía y protesta por la falta de democracia y de respeto a los derechos fundamentales de los tribunales españoles para con sus líderes sociales y políticos. No entendemos que el movimiento de reivindicación de estos derechos fundamentales no se dé cuenta que lo mismo sucede cuando hablamos no de luchas de soberanía nacional, sino en las luchas por defender el propio sustento y trabajo ante grandes poderes que abusan del poder con la complicidad de nuestras instituciones. Aún esperamos que ningún político catalán se pronuncie en este caso. Su silencio atronador es de una hipocresía sin límites.
La ACCO, supuesto tribunal independiente, no es más que un chiringuito separado de los tres poderes del estado; legislativo, judicial y ejecutivo, que permite al capital influir de forma más eficiente para imponer sus normas, sin tener que perder tiempo y dinero en los canales del estado democrático. No cabe otra interpretación.
Sin embargo, y pesar de todo, confiamos en la justicia, por lo que ya hemos realizado un recurso de protección de nuestros derechos fundamentales y pronto presentaremos otro recurso contencioso administrativo, convencidos de que vamos a tumbar esta injusta sentencia.
Las movilizaciones irán de menos a mas mientras los responsables políticos sigan en silencio y llegaremos a ocupar la Gran Via indefinidamente si es necesario porque al fascismo no se le discute SE LE COMBATE.
ÉLITE POR Y PARA
