El «Tribunal de Orden Público» de la ACCO
Elite Taxi quiere comunicar que nuestra asociación está amparada por el derecho de asociación, reconocido por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Esta, en su artículo 15 sobre la Responsabilidad de las asociaciones inscritas apartado 2 se especifica que “los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación”. Su apartado 3 aclara que son los miembros de los órganos de gobierno y representación, los que deben responder ante asociados y terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes, además es la misma ACCO que en su propuesta de resolución lo remarca.
Primero, hay que aclarar que Elite Taxi no ha recomendado nada respecto a Uber. Elite Taxi afirma que Uber ha actuado de forma repetida fuera de la regulación y de la ley y en contra de los intereses del taxi.
Es conocido que Elite Taxi afirma que Uber pretende dañar del sector de taxi, como prueban los documentos políticos para influir en los políticos europeos publicados a través de su lobby europeo Move EU. En ellos solicitan la desaparición de las licencias y la regulación tarifaria.
Por otro lado, Elite ha denunciado a Uber repetidamente ante distintas administraciones públicas como el IMET, la ACCO y los juzgados ordinarios, por lo que las acciones de Elite amparan sus posicionamientos, que no son de boicot sino de defensa de derechos de todos los taxistas y del sector en su conjunto.
Elite Taxi, entre otras cosas, ha denunciado a Uber por, Iniciar su andadura en el taxi del AMB sin tener la tarifa 3 incorporada en su aplicación, realizar descuentos abusivos y persistentes a los taxistas, cosa que continúa haciendo. Cobrar 4 euros por encima de la tarifa regulada a los usuarios por cada trayecto realizado a través de la tarifa 3, etc.
Además, los mismos directivos de Uber han admitido en sus comunicaciones internas mostradas por los recientemente publicados ‘Papeles de Uber’ que actúan de forma ilegal. Es por ello que Elite Taxi se ha expresado repetidamente respecto a estos comportamientos ‘jodidamente ilegales’, como ellos mismos admiten en sus ‘Papeles de Uber’. De manera coherente, también ha expresado que es perjudicial para el sector trabajar para esta empresa, cosa que no es una recomendación si no un hecho probado atendiendo a todo lo anterior. Eso no supone ninguna recomendación, sino una posición u opinión bien fundamentada en los hechos.
Segundo, no es posible responsabilizar a los asociados de Elite Taxi de algo de lo que no pueden defenderse. Estos no pueden probar no haber hecho algo, dado que demostrar que no han participado en la aprobación y ejecución de unos supuestos hechos supondría tener que probar lo que un taxista ha dicho y hecho durante meses en cada momento del día para contar con una prueba positiva que sirva de ‘coartada’ para demostrar que no se ha hecho algo, cosa que materialmente no se puede hacer. Es lo que se llama en derecho ‘la prueba diabólica’, lo cual es sencillamente un disparate jurídico. La ACCO no puede responsabilizar a asociados de Elite, por opiniones y actuaciones de otros, y menos cuando nunca ha habido un posicionamiento o actuación de los representantes de la asociación en el sentido de los hechos denunciados.
Tercero y último, esta situación es kafkiana. Se está acusando a una asociación sin ánimo de lucro, que ha probado en su historia defender al sector del taxi en general, de manera imparcial y con espíritu solidario, de crear un acuerdo para que parte del sector excluya a otra parte de este.
Elite Taxi es una asociación no empresarial, sin ánimo de lucro, que tiene el único objetivo de defender al sector, que no cuenta ni con gestoría ni vínculo empresarial y que en ocasiones ha criticado a conductores, flotas y otras plataformas para mejorar la salud del sector. Elite no tiene otra actividad que la defender al sector ante la opinión pública y las administraciones, que es lo que ha hecho en esta ocasión y por lo que se le acusa. Como tal, Elite no puede incumplir la Ley de Defensa de la Competencia, que además es una ley ordinaria y por tanto de rango inferior a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación que ampara a Elite.
Consideramos que esto es una operación para amordazar a una asociación de ciudadanos incómoda para el poder. No lo van a conseguir. Queremos transmitir a nuestros asociados la máxima tranquilidad. No tenemos dudas que este despropósito que ralla la prevaricación va a caer en los tribunales ordinarios.
De hecho, no dudaremos en llevar cualquier sanción que nos sea impuesta ante los tribunales y estamos convencidos de que la ACCO se está metiendo en un lío que va a suponer un punto de inflexión en esta lucha, ya que se puede acabar demostrando que las autoridades de la competencia actúan como Tribunales de Orden Público juzgando delitos políticos para favorecer al poder económico atentando así en contra de derechos básicos como la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Ni un paso a atrás, Elite por y para.
