Señoras y señores diputados del Parlament:
Les escribo a todos a quienes ya apoyan la proposición de ley de transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas y a quienes se oponen a ella para hablar de la pieza faltante que permite cerrar, de una vez por todas, un conflicto que dura más de una década: el bescanvi.
El bescanvi el canje voluntario de la autorización VTC por una licencia de taxi temporal (7 años + 1 opcional) o por la nueva figura de alta disposición es la respuesta al reciente informe de la Autoritat Catalana de la Competència que dice que la ley incurre en «discriminación», «expulsión» o «desproporción» en contra de los VTC. Con el bescanvi, la ley no expulsará a nadie ni discriminará. Protegerá el servicio a través de su condición de interés económico general y ofrecerá a todo conductor de VTC una puerta voluntaria para acceder a él con las mismas obligaciones que los taxistas, las que permiten prestarlo con las máximas garantías de calidad y universalidad.
El bescanvi es, en sí mismo, la refutación de la «exclusión» que ve la ACCO en la proposición de ley que en su versión actual aún no lo incorpora, dado que integra a todos, incrementa la competencia y aborda la demanda insatisfecha que ha crecido en los últimos años.
Conviene recordar que la idea del bescanvi nació de la mano de Oriol Martori, exdirector general de Transports, de Esquerra Republicana. Por tanto, no es una ocurrencia del taxi: de hecho, y cabe decir que al principio nos oponíamos a ella porque nos costaba entender que era la mejor solución. Sin embargo, ahora vemos que es una propuesta política de altura, pensada para resolver con diálogo lo que en otros lugares se ha resuelto con dejadez o con liberalización directamente.
Y que quede claro, porque lo decimos con conocimiento de causa: todos los grupos que han impulsado esta ley están de acuerdo con el bescanvi, y así nos lo han trasladado en sus despachos. No hablamos de una aspiración del taxi, sino de una solución que ya cuenta con el respaldo de quienes sostienen la mayoría. Lo único que falta es incorporarla al texto y aprobarla.
Porque el bescanvi resuelve, a la vez, todo lo que de verdad importa. No excluye a ningún conductor: lo integra en un marco estable y con derechos. Cuida la profesión y su arraigo también el catalán, al exigir el nivel B1 de catalán y convertir un empleo precario y de alta rotación en un oficio regulado y enraizado en el país. Es más: existe ya un pacto entre los grupos independentistas que impulsan la ley ERC, Junts y la CUP, para elevar esa exigencia del B1 al B2, un nivel superior, en una muestra inequívoca de compromiso con la lengua. Y, sobre todo, permite por fin poner orden donde hoy reina el desorden: regular las infracciones y acabar con el pirateo.
Y aquí hay una herramienta decisiva: la infraestructura de datos pública, con geolocalización en tiempo real lo que coloquialmente llamamos la «caja negra». Ésta permite saber en todo momento quién presta cada servicio, dar garantías a los usuarios, prevenir estafas y agresiones, medir la calidad de la prestación y conocer la demanda real para ajustar la oferta a las necesidades de la ciudadanía. Es el instrumento que de verdad acaba con el descontrol, y el que nos permite hablar con datos y no con impresiones.
A los grupos que ya han hecho suyo que el taxi es servicio público y trabajo digno el PSC, Esquerra, los Comuns y la CUP les digo con franqueza: el bescanvi es la pieza que les permite cerrar este conflicto sin dejar a nadie atrás y con plena solidez jurídica. Es la salida en la que ganamos todos a un problema enquistado.
A Junts, que también registró esta ley y que en los últimos años ha estado del lado del taxi catalán, le reconozco el papel y confío en que mantendrá el rumbo hasta el final.
Porque la alternativa, no nos engañemos, tiene nombre y domicilio: es el modelo de Isabel Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid desregulación, precariedad y los tarados de Silicon Valley controlando el transporte urbano. Catalunya no es Madrid, y el Parlament no tiene por qué seguir su línea.
Y conviene recordar de qué modelo hablamos. No es una opinión: son expedientes. Solo en el Área Metropolitana de Barcelona, las inmovilizaciones por operar sin título habilitante pasaron de 566 en 2023 a 1.779 hasta octubre de 2025 1.597 de ellas, casi nueve de cada diez, por prestar servicio urbano sin la autorización exigida, con más de siete millones de euros en sanciones. Es la misma cultura empresarial que destaparon los Uber Files y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea retrató en la sentencia que ganó este sector (C-434/15): Uber no es una «app», es un operador de transporte que durante años ha operado sistemáticamente al margen de la ley.
Y para terminar este repaso, una mención para Sílvia Orriols y su partido, Aliança Catalana. AC junto a Vox y el PP que no se opusieron a la proposta de llei en la enmienda a la totalidad presentada por Vox para tumbar esta ley: una ley que consagra el catalán como lengua del servicio exigiendo el nivel B1 a los conductores en más de 60 millones de trayectos anuales. Orriols, que dice defender Catalunya, se alía así con los enemigos del catalán y con las grandes plataformas extranjeras contra los taxistas catalanes. El aparente carisma de «la de Ripoll» cuando se mira de cerca: el mismo modelo servil a los banqueros y mismo teatro desquiciado y ridículo de los Trump, Milei y las Ayuso, que en última instancia sirve para hacer lo que mandan los amos del cortijo bajar impuestos, privatizar de las pensiones, apoyar al españolismo más rancio contra nuestra lengua y contra los autónomos catalanes y un respaldo a barbaridades como el genocidio israelita en Gaza.
Élite Taxi Barcelona pondrá toda su maquinaria para que esta ley llegue a buen puerto. Los maestros y maestras están mostrando que en este camino de defender nuestros derechos a ultranza cada vez somos más y seremos más. Mejor que tomen nota todos los déspotas de la innovación disruptiva que desprecian a taxistas, maestras, electricistas y otras gentes humildes, porque pronto la sociedad les va a pasar la cuenta. Y los políticos deben saber también que en las próximas municipales Elite pondrá todas sus fuerzas a favor de quienes hayan cumplido su palabra con el taxi, y la ciudadanía sabrá, con nombres y apellidos, quiénes jugaron a dos caras. Lo hemos hecho antes y lo volveremos a hacer: somos capaces de movilizar miles de votos sin pestañear y de inclinar la balanza. Quien esté con el taxi nos tendrá a su lado a muerte; quien nos fallé, tendrá enfrente a todo un sector y a sus familias.
Mientras la aprobación de la ley se demora, el taxi se desangra, y esa demora tiene responsables con nombre. El bescanvi es el paso que falta para cerrar el conflicto con una solución catalana, justa y jurídicamente sólida.
El taxi confía en ustedes. Confío en que el Parlament demostrará que en Catalunya las leyes las hace el pueblo, no las multinacionales.
Atentamente,
Alberto «Tito» Álvarez
Portavoz de Élite Taxi Barcelona
