La sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por Uber de la obligación que impone el AMB a los taxistas de estar registrados y conectados en la app pública de taxis PICMI. Recordemos que PICMI es una app pública en la que los taxistas del AMB tienen la obligación de estar registrados y conectados cuando están de servicio en la que los usuarios del taxi pueden encontrar taxis disponibles cerca de su ubicación y solicitarlos sin llegar a formalizar un contrato con ellos o realizar ningún pago a través de la aplicación. La app además, muestra distintos taxis, por lo que no es una app que asigne servicios. Estas características hacen que PICMI no sea un operador de servicio sino una web/app donde uno puede visualizar taxis cercanos y pedirlos sin establecer ninguna vinculación comercial ni monetaria. La administración ha explicado esto de forma inteligente como una mano alzada digital.
Recordemos también que la administración está en un proceso de digitalización, el cual se ha acelerado desde el periodo Covid. Los fondos Next Generation UE que financian parte de la PICMI son fondos para promover la digitalización de la administración. En Catalunya ya estamos obligados a realizar ciertos procesos administrativos por internet. No se entiende que el acceso a un servicio público como el taxi no goce de las mismas condiciones de digitalización como servicio gratuito y público que otras partes de la administración, más si cabe cuando esta facilitación a los ciudadanos no tiene forma de proyecto empresarial ni genera ningún tipo de ingreso comercial.
Es por esta razón que Uber vuelve a meter la pata por enésima vez en el AMB, dado que ataca a la administración metiéndose en un terreno que cuestiona el carácter de servicio público municipal y de interés general del taxi y a la vez niega el deber de la administración de digitalizarse. Este deber, obviamente comporta también el deber de los taxistas a prestar sus servicios a través de los canales puestos a disposición por el AMB, el concesionario de las licencias municipales de taxi. Lo contrario sería como negarse a empadronarse o a pagar impuestos, argumentando que uno vive en el libre mercado y que eso le genera un daño a la competencia y al libre mercado. Esa argumentación parte de la negación que se repite incesantemente por parte de Uber y sus socios, así como de la Autoritat Catalana de la Competencia, que no parece entender la voluntad de los legisladores ni tampoco las sentencias de los más altos tribunales, haciendo así sus propios dictámenes contrarios al poder legislativo y al poder judicial, pero causalmente siempre coincidentes con el poder corporativo (véase la actuación de la ACCO en relación a Uber, Free Now y Elite Taxi).
En definitiva, esta es otra reafirmación de las tesis de Elite Taxi y otro fracaso de Uber y las autoridades de competencia que socaban los servicios públicos y los derechos de los consumidores.
