EL TAXI ACUSA A LAS PLATAFORMAS VTC DE COMPETIR “SIN REGLAS” Y ADVIERTE QUE “LA LEY DEL TAXI DECIDE SI LA MOVILIDAD ES UN SERVICIO PÚBLICO O UN NEGOCIO SIN OBLIGACIONES”
El sector del taxi, a través de Élite Taxi, ha elevado el tono ante el debate sobre la futura Ley del Taxi de Catalunya y denuncia que el modelo actual de las VTC “no es competencia, sino un sistema que opera aprovechándose de un servicio público con obligaciones de servicio público, pero sin asumir sus costes”.
Según el análisis jurídico elaborado para el sector, la discusión no es técnica ni sectorial, sino estructural porque “lo que está en juego es si la movilidad urbana sigue siendo un servicio garantizado o pasa a depender exclusivamente de la rentabilidad de una aplicación”.
“No es libertad de mercado, es operar sin obligaciones para con la libre circulación de los ciudadanos que se ven sujetos a la voluntad del prestador para satisfacer su necesidad de movilidad”
Desde el taxi se rechaza frontalmente el relato de que existe una competencia en igualdad de condiciones.
“El taxi está sometido a tarifas reguladas, obligación de servicio, cobertura territorial y disponibilidad permanente. Las VTC no. Hablar de igualdad es, sencillamente, falsear la realidad”, sostienen.
Mientras el taxi tiene prohibido rechazar servicios y debe operar incluso en condiciones no rentables, las plataformas pueden seleccionar trayectos, zonas y clientes en función de su rentabilidad, sin contribuir a financiar la carga financiera injusta derivada de los costes inherentes al cumplimiento de esas obligaciones de servicio público impuestas, obteniendo con ello un enriquecimiento injusto por esta ventaja competitiva.
“Eso no es competir mejor. Es competir sin asumir las mismas reglas.”
Es un modelo que “extrae valor” del sistema público, por eso el sector denuncia que el crecimiento de las VTC se ha basado en un esquema claro:
- el taxi sostiene la red de movilidad en barrios, horarios y situaciones no rentables,
- las plataformas concentran su actividad en los tramos de mayor beneficio.
“Estamos ante un modelo que extrae valor del sistema sin contribuir a su sostenimiento. Eso, en cualquier otro sector regulado como las telecomunicaciones, postal etc , sería inaceptable”, advierten.
Este fenómeno, identificado como arbitraje regulatorio, genera según el informe una carga financiera injusta para el taxi, que asume obligaciones propias de un servicio de interés general sin compensación equivalente.
La Ley del Taxi parte del dilema de “ordenar o renunciar a gobernar la ciudad”, y frente a esta situación, la Ley del Taxi plantea según el sector una decisión clara:
- se ordena el sistema bajo criterios de interés superior general,
- se deja la movilidad urbana en manos de la lógica de maximización de ingresos.
La norma refuerza el papel del taxi como servicio estructural, limita la expansión de las VTC en entornos urbanos y establece mecanismos de transición para sus operadores.
“No es una ley contra nadie. Es una ley para evitar que la ciudad funcione al dictado de algoritmos que solo responden a la rentabilidad y no a los derechos de movilidad de los ciudadanos.”
El sector ha sido especialmente crítico con el informe difundido por UNAUTO-VTC, presentado como respaldo académico a la impugnación de la ley.
“Se está intentando trasladar a la opinión pública un informe de parte como si fuera doctrina neutral. No lo es”, señalan.
Según el análisis jurídico, el informe parte de la premisa errónea de que taxi y VTC son equivalentes, e ignora deliberadamente el concepto de servicio público y sus obligaciones de servicio, y minimiza la movilidad sostenible y uso intensivo de las vías de titularidad pública como razón de interés general.
“Si se elimina del análisis el servicio público, cualquier regulación parecerá excesiva. Pero eso no es un análisis jurídico serio; es una conclusión prefijada.”
Y por esta organización se advierte que “si se debilita el taxi, nadie cubrirá lo que no es rentable”, por lo que el mensaje del sector es directo:
“Si el taxi deja de ser viable, no hay ninguna garantía de que las plataformas cubran la movilidad en barrios periféricos, en horarios valle o en situaciones de emergencia. No es su modelo.”
Por ello, insisten en que el debate no debe centrarse en tecnología o innovación, sino en una cuestión básica y es quién garantiza el derecho efectivo a la movilidad cuando el mercado no lo hace por sí solo.
Élite Taxi concluye que la Ley del Taxi representa una elección política de fondo, entre un modelo de movilidad estructurado, regulado y sostenible, o un modelo fragmentado, condicionado por la rentabilidad y gestionado por plataformas globales.
El amplio apoyo parlamentario a la norma que incluye a fuerzas ideológicamente diversas se interpreta como un indicio de que no se trata de una reivindicación gremial, sino de una decisión de país.
“El debate real no es taxi contra VTC. Es algo más simple e incómodo sobre si la movilidad de millones de personas puede depender de si un trayecto es rentable o no.”
INFORME JURÍDICO SOBRE LEY DEL TAXI
